Ricardo Raphael, colaborador: Estamos resintiendo con enojo estas imágenes de violencia y vandalismo que se siguen repitiendo en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Me refiero a las patrullas incendiadas y los edificios públicos quemados, a las vías públicas tomadas, que empiezan a ameritar un análisis más fino para entender por dónde podría haber salida.

Los medios los presentan como maestros vinculados con los normalistas de Ayotzinapa, pero en un análisis más serio cabe preguntarse ¿tienen algo que ver con la guerrilla, rastros del EPR, del ERPI?, ¿podría tratarse de protesta social legítima o es puro vandalismo?

La verdad es que la política de seguridad que se construye a partir de estas preguntas es totalmente distinta. Lo primero que me atrevería a decir es que no es protesta social legítima, porque cuando una protesta social escala la violencia deja de ser legítima. Entonces el Estado debe actuar porque ahí se está cometiendo un ya un acto ilícito.

Por otro lado, me atrevería a marcar con una diferencia entre estos maestros que han aprendido a jugar con herramientas de chantaje y dinero y nunca a favor de temas educativos.

Me temo que esto que estamos viendo ha sido culpa del Estado mexicano, que en Oaxaca o Michoacán o en Guerrero cayó un día, sucumbió ante la fuerza del chantaje, que lleva a la autoridad contra las cuerdas.

Lo que hacen es “te voy a cobrar derecho de piso para que la plaza de Oaxaca esté liberada, para que el palacio municipal de Chilpancingo siga funcionando.

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