Las masacres de Tlatlaya y Apatzingán tienen aire de familia. En ambos casos la autoridad ejecutó civiles, en los dos episodios funcionarios modificaron la escena del crimen para ocultar el delito y en ambos los testigos sobrevivieron amenazas indecibles para que modificaran su destino.

Hay una coincidencia más: quienes defendieron a la autoridad responsable de las masacres, ante los medios, forman parte de una mima familia política. En el caso de Tlatlaya fue Alejandro Gómez Sánchez, actual procurador del Estado de México y aspirante a ministro de la SCJN, y con respecto al expediente de Apatzingán fue Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado para la seguridad de Michoacán y actualmente director general de la Conade.

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