Por qué la Fiscalía General de la República (FGR) no ha querido compartir con la autoridad electoral la información que posee respecto del financiamiento ilícito aportado presuntamente por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto?
Alejandro Gertz Manero, titular de esa dependencia, se jugó recién la última carta que tenía para evitar que ese expediente salga de sus oficinas.
Rebelándose a la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de que la FGR colaborará con el Instituto Nacional Electoral (INE), la fiscalía interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional con el propósito de evitar la entrega de esos documentos.
En agosto de 2020 Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, denunció ante la FGR el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a favor de la campaña del Partido Revolucionario Institucional.
Con ello se confirmó información que había sido filtrada previamente por los altos funcionarios de Odebrecht ante las autoridades brasileñas y que, desde 2018, investigaba la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, perteneciente a la FGR, que entonces encabezaba Santiago Nieto.
Este caso no solo es responsabilidad de la FGR, por mandato constitucional el INE está obligado a fiscalizar los recursos de los partidos y sus candidaturas. Incumpliría con su función si no investiga y determina sanciones respecto al expediente Odebrecht.
Ante la imposibilidad de realizar su trabajo, la autoridad electoral recurrió al TEPJF y en enero de este año ese tribunal resolvió dándole la razón.
Por algún motivo…
