Una cosa es que gastemos mal y otra distinta es que el Estado mexicano no necesite mayores recursos. El debate reciente sobre el presupuesto merece precisiones. De un lado es obvio que la corrupción tiene pocos limites, pero también es cierto que la inversión pública es insuficiente y por ello México exhibe indicadores pobres en su desarrollo humano.

Para ilustrar el debate comienzo con esta sentencia que publicara la semana pasada Carlos Elizondo Meyer-Serra: “al gobierno no le hace falta dinero. Por eso hay todo tipo de desperdicios” (Excelsior 14/11/13). Tomando en consideración ciertos datos duros, es difícil coincidir con su afirmación.

México se encuentra entre los países cuyo nivel recaudatorio es de los más bajos del mundo. Entre impuestos y otros ingresos el Estado mexicano alcanza a recaudar alrededor del 22.5% de su PIB. Esto lo ubica muy abajo en la tabla comparada del mundo: en el lugar 144 de 222 países (The World Factbook).

Tal cifra se liga con la posición que el país ocupa cuando se miden los indicadores de desarrollo humano. El índice para México marca 0.59, lo cual nos ubica mundialmente en el lugar 57.

Sin inversión pública adecuada es difícil que mejore esta circunstancia. En salud, por ejemplo, 97 países ocupan una situación superior a México, donde la inversión anual – como proporción del PIB – es de 6.4%. En educación, el país invierte alrededor del 5.3% del PIB, por lo que nos ubicamos en la posición número 63 del planeta.

Valorando tales cifras no sorprende que, en desnutrición infantil, estemos colocados en el lugar 130 o que la cantidad de camas o de doctores por habitante sea escandalosamente deficitaria. Tampoco que más del 70 por ciento de los estudiantes de 15 años exhiban los rangos más bajos en el aprendizaje de matemáticas, lecto-escritura o ciencias.

¿Por qué la economía número 14 (México) se ubica en las posiciones 97 y 63 con respecto a la inversión en salud o educación, la 130 en desnutrición infantil o la 48 en desempeño cognitivo?

Si el Estado no cuenta con ingresos en cantidad adecuada para invertir en su población, no puede luego exigirse que los recursos humanos aporten positivamente al desarrollo general del país.

En la historia de la humanidad el Estado moderno ha jugado un papel clave para redistribuir la riqueza. No existe nación que haya logrado mejorar sus niveles de igualdad sin intervención del gobierno. México actualmente se encuentra en el lugar 88 del mundo con respecto a la repartición de su riqueza por habitante. ¿Puede realmente mejorarse esta posición gracias a la mano invisible del mercado?

Es falso que al gobierno mexicano no le haga falta dinero. Si queremos que el país despegue habremos de invertir mucho más, sobre todo en las políticas dirigidas al fortalecimiento de las capacidades humanas.

No obstante lo anterior, Elizondo tiene razón cuando advierte que el gasto público en México es fuente inagotable para la corrupción. No sobra mirar el Latinobarómetro para constatar que nos encontramos entre los países de América Latina donde la percepción de corrupción es muy alta. Solo Guatemala, Honduras y Haití nos rebasan dentro del subcontinente.

Cuando se le pregunta a uno de los nuestros cuál es su principal queja a propósito de la democracia, más de la mitad reclama como principal lastre a la corrupción. Hoy estamos más conscientes que en otras épocas sobre el robo, desvío y desnaturalización con que se suelen ejercer los recursos públicos.

Sin embargo, este argumento no lleva a suponer que bastaría con recortar el gasto para que la corrupción disminuyera. Hay evidencia abundante de que aún en tiempos de gasto público escaso tiene cabida la corrupción. Basta mirar hacia algunos países asiáticos o africanos para ratificarlo.

La solución está en otra parte. Al país le urge un sistema nacional de fiscalización y rendición de cuentas que impida, en todos los ámbitos del gobierno, el uso inadecuado de los recursos del contribuyente.

La Red por la Rendición de Cuentas (RRC) ha venido promoviendo la creación de un sistema para ordenar, coordinar y otorgar coherencia a las varias instancias y los mecanismos de control gubernamental que hoy, por razones sobre todo políticas, resultan insolventes cuando se trata de combatir la corrupción. Ahí está el eslabón que falta.

Más gasto mejor controlado es la respuesta a un doble problema: el de un país injustamente desarrollado y corrupto.

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