El estado de la investigación sobre el caso Ayotzinapa es desastroso. Omar Gómez Trejo, recién nombrado fiscal especial para investigar la desaparición de los normalistas, encontró un expediente que se pudre en un pantano de mentiras.
¿Cómo producir verdad jurídica cuando se dinamitó buena parte de la evidencia indispensable? Se trata de la peor pesadilla: la autoridad contaba con indicios suficientes para llevar ante la justicia a los principales responsables de la tragedia de Iguala y por razones injustificables se esmeró en destruirlos.
El primer error cometido, desde la gestión de Jesús Murillo Karam, fue exponer una teoría del caso que no tenía asideros. La historia fantástica de la quemazón de los estudiantes en el basurero de Cocula, así como el desecho de las cenizas en el río San Juan, distrajeron la investigación o, peor aún, obstruyeron la consecución de la justicia.
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