La iniciativa de consulta popular para juzgar a los expresidentes de México, propuesta por Andrés Manuel López Obrador, debería ser rechazada como ilegal porque atenta contra la forma de gobierno establecida en la Constitución mexicana y restringe derechos humanos.
Argumenta el mandatario que es la única vía para encausar penalmente un conjunto amplio de delitos cometidos por sus antecesores:
“Se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes… No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal… El país se encuentra, en este punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes.”
