Desde hace varias décadas, las cárceles en México son sinónimo de corrupción y violación sistemática a los derechos humanos. Con nuestros impuestos financiamos miserables centros hacinados que encierran a cientos de miles de personas. Como precisó el Papa Francisco, los mexicanos hemos caído en el exceso de encontrar en la prisión la supuesta solución a cualquier problema. Así, cuatro de cada diez presos ni siquiera han enfrentado un juicio. Además, los individuos que sí son criminales terminan por gobernar las cárceles, organizando asesinatos, motines, fugas y convirtiendo las prisiones en verdaderas academias del crimen.

Irónicamente, 95% de los delitos en México contemplan sanciones penales, lo que demuestra un proceso autómata por parte de los legisladores y jueces que, ante cualquier escenario, ofrecen siempre la misma respuesta carcelaria. De este modo, el sistema penal mexicano no rehabilita ni reinserta a los reclusos sino que, a veces desde la arbitrariedad, castiga a cientos de miles de ciudadanos presos, cambiando radicalmente el modo de vida de ellos y de sus respectivos círculos sociales. ¿Qué hacer frente a esta profunda crisis penológica?

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