Con el paso del tiempo la acusación por crimen organizado contra 31 exfuncionarios y científicos ligados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debería ser una anécdota más, mezquina y autoritaria, que no llegó a mayores.
Es insostenible el argumento jurídico presentado por el fiscal Alejandro Gertz Manero ante el juez responsable de desahogar la denuncia.
Políticos, empresarios e intelectuales salen en defensa del INE; exigen respetar su autonomía
Sin embargo, lo que no se borrará tan rápido es el ánimo de revancha que le otorgó contexto y motivos a esta desmesurada embestida.
Aparece como desproporcionada la intención de ubicar en el mismo sitio a un narcotraficante asesino y a la física laureada Julia Tagüeña Parga.
Sin embargo, ésta parece haber sido justo la pretensión de la fiscalía: que en el imaginario colectivo se igualasen, aunque sea por un breve momento, científicos privilegiados con ladrones populares.
No hay broma en el intento sino un propósito deliberado para despojar a las y los intelectuales de la reputación que los ubica en un lugar aparte.
El contexto en el que ocurre este embate para desprestigiar personas que se asumían a sí mismas como gente decente, es el de un feroz antiintelectualismo que no sólo muerde fuerte en México, sino en muchos otros países…
