os recursos legales para combatir la inconstitucionalidad del acuerdo presidencial que pretende trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa tienen problemas serios. No hay discusión jurídica que dar, el acuerdo no es compatible con lo que dice la Constitución ni la ley de la Guardia Nacional: ambos ordenamientos establecen que esta dependencia debe ser civil y por tanto estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Sin embargo, los mecanismos previstos para combatir el acuerdo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador —la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el amparo— podrían no servir de nada…
