En agosto del año pasado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, encargó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigara las acusaciones de presunto fraude detrás del conflicto que, durante más de seis meses, ha impedido la celebración de actividades presenciales en la Universidad de las Américas cuyo campus se encuentra en el estado de Puebla (UDLAP).
Desde entonces, una comunidad de más de 10,000 estudiantes y 2,000 personas académicas reclama a las autoridades del estado y a la Fiscalía General de la República (FGR) por la afectación de las actividades docentes de esta importante institución educativa, cuyas instalaciones están clausuradas por un cuerpo de seguridad privada.
Dos meses después de recibir la instrucción presidencial, Santiago Nieto —entonces titular de la UIF— presentó los resultados de la investigación. Tengo en mi poder un documento con las c…
