Crece sin contención el saqueo sobre el patrimonio de quienes sufren las peores carencias. A través de la violencia y la intimidación, las empresas criminales aseguran el cobro de impuestos ilegales sobre una gran parte del territorio y las personas más afectadas son aquellas que no tienen para pagarlo.
La extorsión no la comete un delincuente común, sino una empresa criminal sofisticada y capaz de operar en simultáneo en varias regiones del país.
El problema surge cuando los gobiernos estatales no tienen facultades para perseguir al crimen organizado y quien sí cuenta con esa potestad —la Federación— se lava las manos frente a este fenómeno delictivo.
La extorsión goza de máxima impunidad porque ningún ámbito de gobierno la persigue real ni efectivamente…
