El acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes 22 de noviembre, declara asunto de seguridad nacional la realización de prácticamente toda obra o proyecto a cargo de su gobierno.
Refiere en concreto a la infraestructura en comunicaciones y telecomunicaciones, aduanas y fronteras, instalaciones hídricas, hidráulicas, medioambientales o turísticas, de salud, vías férreas, ferrocarriles, energía, puertos y aeropuertos, así como cualquier otra considerada prioritaria o estratégica para el desarrollo nacional.
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En otras palabras, mediante este acuerdo, todo cuanto haga el gobierno lopezobradorista de obra pública es ahora tema de seguridad nacional y por tanto debe ser proyectado, realizado, resguardado y protegido por las Fuerzas Armadas.
Mientras no se reforme la Carta Magna, esta instrucción es escandalosamente inconstitucional y también viola una serie de leyes que, dentro de la jerarquía de las normas del Estado mexicano, están por encima del acuerdo emitido.
Destacan entre otros ordenamientos las leyes de Seguridad Nacional, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Orgánica de la Administración Pública Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los autores del acuerdo fundamentaron constitucionalmente este instrumento en tres artículos de la Carta Magna (89, fracción 1, 26 y 90). Sin embargo, ninguno de…
