En conversación telefónica celebrada el viernes 11 de junio de este año, Alejandro Gertz Manero me dijo que su conciencia lo obligaba a conseguir justicia para su hermano Federico y también que ser fiscal no tenía por qué convertirse en un obstáculo para lograrlo.
“¿Debe el fiscal general de la República renunciar a sus derechos por haber aceptado este importante puesto?”, me interrogó tajantemente.
Exigen al Senado que llamen a comparecer a Gertz Manero
El pasado lunes 8 de noviembre las consecuencias de esta convicción llevaron a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso del supuesto homicidio de Federico Gertz Manero a manos, afirma el actual fiscal, de la mujer con quien el occiso vivió más de 50 años, Laura Morán Servín, y de su hija, Alejandra Cuevas Morán. Actualmente la primera tiene 94 y la segunda, 63 años.
Lo que en concreto atrajo el pleno de la Corte son dos amparos en revisión (176/2021 y 177/2021) solicitados en contra del auto que el año pasado, entre otras circunstancias, impuso prisión preventiva para Alejandra Cuevas dentro del reclusorio de Santa Marta Acatitla.
Si la SCJN no estaba obligada a hacerlo, ¿por qué el pleno de ministras y ministros optó por atraer, estudiar y pronunciarse sobre estos amparos?
Alejandra Cuevas pidió que se revise el auto de formal prisión emitido en 2020, razonando que el proceso en su contra podía seguirse mientras ella permanece en su domicilio. Coincide en el tiempo este hecho con que el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, haya decidido dar una batalla frontal contra esta medida cautelar –la prisión preventiva–, la cual ha descalificado públicamente como “una condena sin sentencia”…
