No sólo los separa una calle: por estos días entre el Palacio Nacional y la sede del Poder Judicial hay una pared de fuego. La disputa tiene dos cuerdas que se han hecho nudo: de un lado está la autonomía y del otro lado la austeridad salarial. Dos valores que, por separado, tienen mérito, pero que, al juntarlos, están provocando agravio.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la polémica, jueces y magistrados decidieron salir a la calle para protestar contra lo que consideran una arbitrariedad.
A principios de la semana pasada el magistrado Gabriel Alejandro Zúñiga Romero declaró, a nombre de su gremio, que se ha buscado posicionar “un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas … que no corresponden ni cercanamente a la realidad”.
El argumento para disentir con el presidente está en el artículo 94 de la Constitución. Ahí se prohíbe explícitamente reducir la remuneración de jueces, ministros y magistrados mientras ostentan un cargo. Se trata de un antiguo principio que nació en Inglaterra y se introdujo en la Constitución mexicana de 1857, el cual tiene como propósito asegurar la autonomía de los juzgadores.
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