Los reclusorios en México son un asunto esencialmente privado. Los hay concesionados a empresas que han hecho buen negocio con la gestión de las personas privadas de libertad y también están los que desde hace muchos años se entregaron a los propios internos para que les gobernaran a su antojo. En ambos casos se trata de actos que corrompen, porque vuelven privado un asunto que debería ser eminentemente público.La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol 2021), apenas publicada, da buena cuenta de esas responsabilidades a las que el Estado ha abdicado a favor de las personas recluidas.Entre ellas destaca el manejo de las llaves que abren o cierran las celdas, la asignación de camas y tareas de limpieza, el cobro por servicios y bienes, la imposición de sanciones, la protección de personas amenazadas, el acceso a la atención médica o la participación en actividades esc…
