Defendió mi colega Carlos Marín en estas páginas el día de ayer a los mandos militares que obtuvieron y luego escondieron ilegalmente información clave para la investigación del caso Ayotzinapa.Narra que una fuente (muy avezada) hizo notar que las conversaciones entre Francisco Salgado y Gildardo López Astudillo, jefe policial en Iguala y líder de Guerreros Unidos en 2014, no fueron interceptadas mediante escuchas telefónicas, sino obtenidas de la memoria de un dispositivo celular.Comoquiera, la ilegalidad se sostiene porque para extraer el material contenido en ese dispositivo debió mediar la orden de un juez federal y ésta, según el expediente, jamás se emitió.Afirma Marín que hubo, cuando menos, responsabilidad administrativa por no entregar al Ministerio Público dicha evidencia. El asunto rebasa el ámbito administrativo. Según el artículo 225 del Código Penal Federal, comete delito d…
