Hasta el día de ayer la protección de los derechos de la infancia mexicana era responsabilidad casi única del DIF, una institución dirigida por las esposas de los gobernadores y, a nivel nacional, por la cónyuge del presidente de la República.

Cuando ha habido gobernadora los hijos e hijas de quienes han ocupado el Poder Ejecutivo estatal se han hecho cargo de la responsabilidad. Fue el caso de Miguel Delgado, cuando Griselda Álvarez gobernó Colima, o de Claudia Corichi, cuando Amalia García lo hizo en Zacatecas.

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