Por: Jorge Javier Romero

La mañana del jueves la noticia en varios medios fue que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación había logrado detener con sus movilizaciones y por medio de la toma violenta de los accesos de la Cámara de Diputados la aprobación en el período extraordinario de sesiones de la ya dictaminada ley general del Servicio Profesional Docente. La cabeza principal de Reforma — la “de ocho”, como se decía antes, aunque ese periódico está formado en sólo seis columnas—, contundente, clamaba: “Doblan a diputados”. En su noticiero Carlos Loret de Mola, indignado, dedicó buena parte de su tiempo a mostrar a los maestros inconformes como unos vándalos que dejan a los niños sin clases y repitió una y otra vez que los diputados habían cedido al chantaje. Por su parte, el presidente del PAN, Gustavo Madero, aprovechó la entrevista que le hizo Loret en el estudio para echarle la culpa al PRI y al PRD del retiro, mientras con cierta hipocresía él se presentaba como paladín de un proyecto que había despertado dudas incluso dentro de su propio partido.

En esta visión maniquea, que supone una virtuosa iniciativa del ejecutivo detenida por los maestros reaccionarios que se oponen a ser evaluados, se dejan de lado la mayor parte de las razones que condujeron a que el proyecto del gobierno —elaborado en secreto, sin tomar en cuenta las opiniones de especialistas y de las organizaciones de la sociedad civil que desde hace años han pugnado por la profesionalización magisterial basada en el mérito— fuera rechazado en distintos círculos —tal vez con la única excepción de Mexicanos Primero, único grupo que la aplaudió sin crítica—, y no sólo por los profesores disidentes.

Ya la semana pasada expuse en este mismo espacio mis críticas al proyecto, coincidentes con las de la Coalición Ciudadana por la Educación y Diez por la Educación. El PRD, por su parte, ya había cuestionado parte sustantiva de lo elaborado en la penumbra por la SEP, sobre todo por lo que se refiere a la confusión entre lo que debe ser el servicio profesional docente y las condiciones laborales de los maestros; por otro lado, entre los flamantes comisionados del INEE también se escucharon voces de molestia con el hecho de que la iniciativa incluía 23 competencias extra del instituto relativas al servicio profesional, pero que no quedan establecidas en la ley del propio INEE.

El problema central de la iniciativa aplazada es el modelo en el que se basa. La cabeza de la nota interior de Reforma —Frenan diputados ley de evaluación—no es sólo el reflejo de un malentendido; lamentablemente, expresa de manera cruda la idea que domina el fallido proyecto gubernamental, pues éste no diseña un servicio de carrera basado en el reconocimiento del esfuerzo de los maestros, sino que confunde la profesionalización con un sistema de evaluación orientado a correr a los maestros que no superen las pruebas periódicas. La inspiración del proyecto de la SEP proviene de los muy cuestionados preceptos del movimiento por la reforma de la educación desarrollado desde hace algunos años en los Estados Unidos, según los cuales las evaluaciones recurrentes deben usarse para presionar a los maestros a mejorar en su desempeño.

El principal defecto del modelo impulsado aquí principalmente por Mexicanos Primero es que sus resultados podrían ser contraproducentes, en la medida en la que tenderían a generar un sistema negativo de incentivos en el cual el objetivo de los profesores fuera, al cabo de seis años, aprobar de panzazo las tan cacareadas evaluaciones. En la medida en la que el sistema de promoción en la función —es decir, el mecanismo para pasar de una categoría a otra sin dejar el trabajo en el aula, pero obteniendo mayor salario— quedaría como un programa de incorporación voluntaria operado por los estados, el modelo propuesto no generaría fuertes incentivos positivos para la formación continua, el desempeño creativo y la mejora constante y reduciría el esfuerzo a mantener el puesto pasando las evaluaciones en la última oportunidad.

Por el contrario, el modelo propuesto por las organizaciones agrupadas en Diez por la educación pone en el centro el sistema de promoción en el servicio, de manera que sea una parte integral de la carrera: una vez superado el concurso de ingreso y después de haber ganado un concurso de oposición para ocupar una plaza determinada, los profesores tendrían la oportunidad de promoverse a una categoría superior después de determinado tiempo en el servicio, lo que les representaría mayor salario y mayor reconocimiento entre la comunidad escolar. Para lograr la promoción los profesores deberían sin duda superar las evaluaciones periódicas y obligatorias, pero también tendrían que ser bien valorados por sus pares integrantes de las comisiones dictaminadoras de las promociones, ganarse el reconocimiento de la comunidad de su escuela, haber realizado cursos de actualización, haber publicado sus reportes de experiencia docente, entre otros méritos establecidos en el reglamento de promoción que expidiere el órgano encargado de gestionar nacionalmente el servicio.

La promoción entre una categoría y otra tendría plazos máximos obligatorios que de no ser cumplidos podrían implicar la separación del cargo, pero eso sería una cuestión excepcional, en la medida en la que los docentes reclutados por el sistema de doble concurso (el de ingreso al servicio y el de oposición para ocupar una plaza después del un período de inducción) garantizaría un filtro de entrada que sería superado sólo por los mejor preparados para la tarea. Además, los profesores que después de un plazo máximo de servicio de doce años alcanzaran la categoría de titulares obtendrían su definitividad, aunque ello no los relevaría de someterse al proceso de evaluación permanente, el cual establecería su nivel dentro de la categoría, con consecuencias positivas o negativas en su salario. La evaluación debería ser un instrumento más en el proceso de reconocimiento de la tarea docente, no una espada de Damocles sobre la cabeza de los maestros. Ni evaluación punitiva, ni decorativa.

Un servicio así diseñado obligaría a que todas las vacantes fueran concursadas exclusivamente entre quienes pertenecieran a él, con lo que cualquier movimiento o cambio de adscripción debería ser obtenido por concurso de oposición, con lo que se eliminaría toda discrecionalidad burocrática o sindical y quebraría plenamente el arreglo corporativo y clientelista que ha imperado hasta ahora en el sistema educativo mexicano. Dos modelos inspirados en dos visiones de lo que deben ser los maestros: o profesionistas bien reconocidos por el Estado mexicano o simples empleados amenazados permanentemente en sus empleos.

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