Derechos del usuario en la reforma en telecomunicaciones quedan vulnerados

Ricardo Raphael, colaborador: Ha levantado mucho revuelo este mamotreto -no puedo llamarlo de otra manera-, esta larga serie de artículos que componen la legislación o la propuesta de nueva legislación en materia de telecomunicaciones.

Hay muchas cosas que decir. Yo, en particular, quería centrar la mirada hoy con lo que tiene que ver con los derechos del usuario y concretamente esos derechos no tanto que tenemos como consumidores sino como ciudadanos que tienen que ver con nuestros datos personales, que tienen que ver con nuestras expresiones a través de las distintas redes.

Y es que el capítulo VIII de la ley, poner los artículos entre 189 y el 197 más o menos, traen una serie de restricciones que ya algunos diputados, ya la Comisión de Derechos Humanos del DF han señalado como inconvenientes para la salud democrática.

Algunos ejemplos que tienen que ver concretamente con la posibilidad para que la autoridad instruya localizar un dispositivo con una orden directa inmediata. Dice la ley que si el procurador general de la República, los ministerios públicos en quienes deriva su autoridad o cualquier titular de cualquier dependencia encargada de la producción de inteligencia.

Esto es muy delicado porque uno piensa “inteligencia” y piensa en el Cisen ordena localizar ese dispositivo, se cumple; pero cuando dice: “Cualquier titular responsable de la producción de cualquier tipo de inteligencia”, pues puede ser también el Ejército, la Marina, la Policía Estatal, la Policía Municipal de Tingüindín, todos esos participan en la producción de inteligencia.

A la hora de no precisar, resulta pues que hace dos años, si esta ley hubiese estado vigente, pues Jesús Reyna en Michoacán podría haber ordenado localizar un celular independientemente de que eventualmente este funcionario estuviese, como tantos otros, coludidos con el crimen. Sería entregarle un arma peligrosísima a cuanto funcionario pueda abusar de esta atribución.

Ahora, ¿cómo funcionan otros países? No, esta función está controlada, mediada, vigilada por los jueces. Los jueces dicen “Sí, hay materia suficiente porque ese dispositivo podría estar vinculado al crimen organizado, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas. A ver, localicen ese dispositivo”.

Pero es un juez el que controla y regula esa función del estado. Incluso hay un mecanismo que a mí todavía me gusta más, es “ex post”. Una vez que se localizó el dispositivo, la autoridad tiene que probarle al juez que había razones suficientes para buscar ese dispositivo.

En este caso, no hay control. La PGR o titulares responsables de áreas encargadas de producir inteligencia pueden localizar esos dispositivos como se les dé la gana.

Este es de los elementos menos peligrosos que yo encuentro en la ley, pero me ayuda mucho para hablar del que sigue que son las intervenciones. O sea, o se puede intervenir -por lo menos en tecnología para hacerlo- no solamente nuestras conversaciones telefónicas, tan comúnmente se ve, nuestras comunicaciones vía correo electrónico, nuestros mensajes en las redes, WhatsApp, los SMS, los Twitter, los Facebook.

A ver, esta ley prevé que igual a como puede ordenarse la localización, puede establecerse también la intervención de comunicaciones. Es decir, estas autoridades más las de otras leyes, pueden instruir al concesionario tiene entre sus comunicaciones telefónicas, tus mensajes, tus “post” en Facebook. ¿Con qué control? Ninguno, porque tampoco aquí se advierte que el juez debe mediar con una orden la ejecución de esta instrucción que la autoridad que hace a los concesionarios y tampoco se prevé que haya un control del acto posterior por parte de la judicatura de los jueces.

Entonces, ese nivel de “manga ancha” de discrecionalidad con la que se pueden intervenir, si la ley se aprobará tal cual, las comunicaciones ciudadanas y francamente resulta alarmante.

Y voy al tercer bloque que me deja muy inquieto. Y es cuando dice “Estas mismas autoridades a las que ya hice referencia, pueden instruir el bloqueo de los sistemas”.

“A ver, por favor, en las plazas de Egipto, Yemen o Túnez o en la plaza del Zócalo capitalino bloquee la señal porque hay problemas de seguridad o se prevén problemas de seguridad pública o de seguridad nacional”, que, por cierto, no es lo mismo.

Se puede ordenar el bloqueo o se puede pedir que simplemente se baje el switch, que se desconecte la posibilidad de utilizar Google en cierta zona o que se desconecte la posibilidad de mandar se tuits en otra zona por instrucciones de la autoridad les presupone problemas eventuales de seguridad pública o seguridad nacional.

Vuelvo a preguntar, ¿controlado ese acto por el juez? No, no lo advierte. No puedes usar los servicios de telecomunicaciones y la autoridad lo instruye.

Ahora, hay un artículo de la ley que a mí me manda una señal contradictoria. En el artículo 223 dice que el derecho a la información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión, así como de otros restringidos, es libre y consecuentemente, no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa y se ejercerán en los términos de la Constitución los tratados internacionales en las leyes aplicables.

A ver, pues aquí tengo libertad amplia en materia de libertad de expresión. Sí, pero cuando se trate de radiodifusión y televisión o audio restringido. Es decir, que esta libertad no corre igual cuando esa libertad sea restringida en las redes de telecomunicaciones.

O sea, yo sí puedo en radio o tele comunicar lo que se quiera, pero en SMS, en WhatsApp, en Twitter, no, porque uno corresponde al ámbito de las telecomunicaciones y el otro al de la radiodifusión.

Creo que aquí, quien elaboró la ley, se metió un pie. ¿Por qué libertad plena de radiodifusión y no libertad plena en telecomunicaciones? Esta ley lo que quiere o lo que han propuesto que quiere es hacer convergentes los ámbitos que no lo eran: telecomunicaciones, por un lado; y radiodifusión y televisión, por el otro.

Se supone que hoy es la misma materia porque es la misma tecnología la que va a funcionar como vías para conectar las comunicaciones, ¿por qué te entregó amplios derechos en televisión y en radiodifusión y no te lo doy en telecomunicaciones?

Yo creo que aquí hay un problema serio, lo han dicho ya bien algunos legisladores, la ausencia de un capítulo de derechos del usuario de las telecomunicaciones puede estar siendo el problema principal de esta iniciativa.

Y, bueno, yo les propongo a los legisladores que ahora que revisen la ley tomen el artículo 223 y lo usen como modelo cuando establezcan los derechos del usuario de las telecomunicaciones porque no puede ser que en telecomunicaciones sea tan receptivo, autoritario, dictatorial; y en cambio, en radiodifusión y televisión sea tan abierto. Hay una cosa hay que simplemente no va cuando pronto no habrá diferencias, todo va a ser telecomunicaciones, hay que decirlo.

Ojalá que se vayan a un periodo extraordinario para que no piensen bien. Yo creo que la velocidad genera violencia. Se atraviesa Semana Santa, semana de Pascua, eso es más importante para hacerlo tan rápido como algunos quisieran. En período extraordinario, después del 24 con calma y seguramente vamos a ser una ley muy buena porque es muy importante tener la bien no solamente con un poquito de mayoría sino un consenso amplio entre las distintas fuerzas.

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