Ayotzinapa separa a las viejas culturas jurídicas de las nuevas

Un funcionario de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) llamó para darme una lección. Habían transcurrido pocos días desde la conferencia de prensa que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, ofreció el 7 de noviembre de 2014, para dar a conocer su “verdad histórica” sobre la tragedia de Ayotzinapa.

El país entero vivía todavía en luto por la desaparición de 43 jóvenes normalistas a manos del crimen organizado.

Minutos antes de la llamada, yo había señalado en un programa de radio que la PGR no había imputado a los presuntos autores del secuestro y asesinato de los jóvenes normalistas con el delito de desaparición forzada.

Con un estilo que le pareció jocoso, el funcionario me acusó de “exquisito” desde el punto de vista legal. Luego me recordó que Al Capone no fue encarcelado por los delitos más graves que pesaban sobre su biografía sino por aquel que la autoridad sí pudo probar: el fraude fiscal.

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