Ayotzinapa: entre la inquisición y la democracia

Antes y después de que se presentara el informe del gobierno federal sobre el avance de la investigación a propósito de Ayotzinapa, seis años después de la tragedia, varios colegas periodistas que han seguido el caso publicaron argumentos críticos similares descalificando el trabajo tanto de la Comisión para la Verdad como el de la fiscalía especial. Destacan los textos publicados por Sergio Sarmiento, Carlos Marín, Jorge Fernández Menéndez y Héctor de Mauleón. Coinciden todos ellos en que el informe fue vago y cargado de intencionalidad política. En palabras de Sarmiento, “no se está persiguiendo a quienes mataron a los normalistas sino a quienes investigaron el caso”. Héctor de Mauleón añade con sospecha que “muy pronto veremos que el gobierno, a falta de hechos, ofreció cabezas (de la autoridad anterior)”. Comulgan los cuatro con que la versión ofrecida por esta administración no desacredita la verdad histórica original. Con distinto énfasis afirman que los testimonios autoinculpatorios de los presuntos autores materiales e intelectuales fueron desestimados con argumentos menores relativos a las fallas en el debido proceso. 

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